Ha culminado la primera etapa del proceso judicial contra Rómulo León Alegría, Alberto Químper, Fortunato Canaán y otros implicados en el escándalo de corrupción en la concesión de cinco lotes petroleros nacionales; y ante la cuestionable actitud del Juez Jorge Barreto, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción expresa a la ciudadanía, al Poder Judicial y a todas las instancias del Estado lo siguiente:

1.- La lucha contra la corrupción y la impunidad en el Perú requiere de jueces y autoridades transparentes, que actúen dentro de los cánones de la ley y la justicia, rechazando cualquier presión política y sin concesión alguna a los encausados en dichos delitos. Sin embargo, el cumplimiento de esas exigencias básicas no ha caracterizado la actuación judicial durante el proceso contra Rómulo León y otros.

2.- El caso de corrupción en la concesión de 5 lotes petroleros –y otros negociados descubiertos- que tuvo como principal actor al ex ministro aprista, es quizás uno de los más emblemáticos de los últimos 5 años en nuestro país. Recordemos que, incluso, luego de la difusión de los denominados “petroaudios” y el inicio de las investigaciones, tuvo que dimitir el premier Jorge del Castillo y su gabinete.

3.- Sin embargo, durante los 15 meses que ha durado la primera etapa de este proceso, las decisiones tomadas por el Juez Jorge Barreto han despertado desconfianza sobre la verdadera voluntad del Poder Judicial para combatir la corrupción. Algunas de esas acciones, que nos llevan a temer un desenlace de impunidad son:

- La dilación el proceso de manera cuestionable, postergando injustificadamente las diligencias judiciales correspondientes.

- El juez desestimó la denuncia por asociación ilícita para delinquir presentada por la fiscalía, reduciendo la posibilidad de sanción de cárcel prevista, de hasta 15 años, a un máximo de sólo 10 años, generando un precedente preocupante para otros casos de corrupción.

- El juez no incluyó como pruebas los informes de la Contraloría General de la República que determinan la comisión de irregularidades en la concesión de los lotes petroleros. Sin embargo, a inicios del presente mes, la Tercera Sala Penal ordenó al juez Barreto incorporar al expediente dichos informes. Al respecto, nos preocupa la información de diversos medios de comunicación indicando que el juez Barreto habría solicitado a peritos particulares, la emisión de un informe sin sustento técnico y que podría beneficiar a los procesados, mas aún cuando ha impedido que el Ministerio Público interrogue a dichos peritos sobre la idoneidad de los peritos y el sustento técnico del informe.

- Las diligencias de visualización del CPU del principal procesado, Rómulo León Alegría, fueron realizadas sin la presencia del Ministerio Público ni de la Procuraduría. El juez Barreto impidió la participación de las partes denunciantes, sólo él y el abogado de Rómulo León pudieron revisar 400 correos electrónicos, de los 73 mil archivos presentados por la Fiscalía.

- El pasado 22 de diciembre, el juez Barreto indicó que no se incorporaría a las pruebas del caso los aproximadamente 100 audios vinculados a los delitos de corrupción investigados. Según indicó, éstos no habrían sido presentados como prueba, pero tanto el Ministerio Público como la Procuraduría han desvirtuado esta versión ya que el juez, al ser responsable de conducir el proceso, tenía la facultad de solicitar de oficio los audios, si es que no estaban inicialmente.

A estas acciones, habría que sumar la decisión que tomó, por 2 votos a 1, la Tercera Sala Penal Especial – en julio de 2009 – que permitió la excarcelación temporal de Rómulo León Alegría.

4.- Por estas razones, el Grupo de Trabajo Contra la Corrupción se suma a los cuestionamientos al accionar del juez Barreto y la preocupación de quienes explican estas acciones en la intención de los magistrados de lograr la impunidad y la absolución de los procesados, así como evitar que se profundicen las investigaciones para determinar responsabilidades en otros niveles del poder público en nuestro país.

5.- El Grupo de Trabajo Contra la Corrupción espera que la siguiente etapa del proceso -juicio oral- se desarrolle con ajuste a ley y permita sancionar la comisión de los graves actos de corrupción que todos los peruanos y peruanas hemos podido conocer. Creemos que la situación generada por la actuación del juez Barreto puede ser revertida si la siguiente instancia actúa de acuerdo a ley y sin concesiones a la corrupción. Asimismo, instamos a que la Oficina de Control de la Magistratura evalúe una posible investigación a la actuación del juez Jorge Barreto para determinar si se habría configurado una inconducta funcional frente a todos los antecedentes descritos.

6.- Desde la sociedad civil esperamos que el Poder Judicial demuestre con decisiones claras su efectivo interés para combatir la corrupción, y revierta la desconfianza generada en la ciudadanía frente a sus mecanismos de administración de justicia. Reiteramos que nos mantendremos vigilantes y atentos a las acciones que las autoridades judiciales realicen, ya que los peruanos y peruanas no permitiremos que siga avanzando la creciente impunidad.

Lima, 22 de enero de 2010.

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[1] Integrado por: Forum Solidaridad Perú, Grupo Propuesta Ciudadana, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Instituto de Defensa Legal, Asociación Pro Derechos Humanos, Centro Interamericano de Gobernabilidad, Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita, Desco, Fovida, Jubileo Perú.