Ante la instalación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción presidida por el Dr. Javier Villa Stein, el Grupo de Trabajo Contra la Corrupción(1) considera pertinente manifestar que:

Una efectiva política de lucha contra la corrupción, en tanto crucial política de Estado, requiere de planteamientos consistentes, sostenibles en el tiempo y con una visión estratégica de largo plazo. Lamentablemente en nuestro país, la política de lucha contra la corrupción ha pasado por una serie de iniciativas que al poco tiempo fueron olvidadas o dejadas de lado como, por ejemplo, en los casos siguientes, ocurridos bajo el actual gobierno:

- En octubre del 2007, en el marco de las reuniones de preparación de las cumbres internacionales (América Latina – Unión Europea – ALCUE y cumbre de la APEC) se crea la Oficina Nacional Anticorrupción, nombrando a la Jueza anticorrupción Carolina Lizárraga, -encargada en ese momento del proceso penal por corrupción en el SIS- para asumir esta oficina, desactivándose el Consejo Nacional Anticorrupción, para ser a su vez desactivada en agosto del 2008 sin haber hecho pública ninguna propuesta de política nacional en esta materia.

- En diciembre del 2008, luego de la salida del gabinete Del Castillo a consecuencia del escándalo de los petroaudios, que involucraba a altos funcionarios del gobierno aprista, se desencarpetó el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción elaborado en el 2006, del que se tomaron algunos puntos para el actual Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción que a más de un año de su presentación no cuenta con una norma que la sustente y haga vinculante el cumplimiento de sus políticas y medidas.

Con el antecedente de estas experiencias, a fines de enero del presente año se constituye la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que representa el más reciente gesto del gobierno en esta materia. Nos gustaría saludar con entusiasmo esta nueva iniciativa, pero los antecedentes descritos nos obligan a una necesaria cautela.

Frente a esta nueva iniciativa que ha hecho conocer sus lineamientos y se ha instalado formalmente, consideramos –para empezar- que la composición de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción presenta algunos problemas:

- Primero, está ausente la principal entidad oficial encargada del control en la ejecución de los recursos públicos, como es la Contraloría General de la República.

- Segundo, no hay una representación institucional de los gobiernos locales. Existiendo la Asociación de Municipalidades del Perú - AMPE y la Red de Municipalidades Rurales del Perú – REMURPE se ha optado arbitrariamente por el Alcalde de Lima Metropolitana, que en transparencia tiene serios cuestionamientos.

- Tercero, al ser una comisión que convoca a todos los sectores del Estado, debería estar presente un representante del Poder Legislativo, que tiene un rol importante en el debate y la aprobación de legislación contra la corrupción y que ha conformado una instancia de seguimiento del PNLCC.

- Cuarto, la representación de sociedad civil resulta casi inexistente, considerando sólo a una institución pese a haber distintos sectores que debiera involucrarse activamente como las universidades, colegios profesionales; y ya que se ha convocado a la CONFIEP también debió considerarse a la representación sindical de los trabajadores.

Además, debería conformarse una instancia técnica y operativa, en la que la representación institucional debería recaer en funcionarios técnicos de las instituciones parte de esta comisión, evitando así una posible manipulación política así como conflictos funcionales entre las instituciones de control, fiscalización y sanción de los actos de corrupción.

La profunda desconfianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado para asumir una efectiva lucha contra la corrupción se fundamenta en la frecuencia y gravedad de casos de corrupción conocidos en estos años, manteniéndose en la impunidad la mayoría de estos, así como también en el continúo e infructuoso vaivén de la política del gobierno.

Encontrándonos en la última etapa de un gobierno que se ha visto envuelto en diversos escándalos de corrupción, y que ha evidenciado falta de voluntad efectiva para combatirla, consideramos que esta nueva Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, estaría destinada a quedar trunca, salvo que la iniciativa de sus integrantes abra otras posibilidades.

Como parte de la sociedad civil, nos mantendremos atentos y vigilantes desde el espacio ciudadano, sobre las acciones y propuestas de esta nueva comisión.

Lima, 8 de febrero del 2010

(1) Integrado por: Forum Solidaridad Perú, Grupo Propuesta Ciudadana, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Instituto de Defensa Legal, Asociación Pro Derechos Humanos, Centro Interamericano de Gobernabilidad, Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita, Desco, Fovida, Jubileo Perú.