Grupo de Trabajo contra la Corrupción detectó que documento elaborado para el Perú, con apoyo de la OEA; ni siquiera habría sido tomado en cuenta para Plan Nacional Anticorrupción.

El anteproyecto de “Plan de Acción para la Implementación de las Recomendaciones del Comité de Expertos del Mecanismos de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción” fue entregado en octubre de 2007 pero sus medidas no han sido tomadas en cuenta en Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción del gobierno.

El documento fue elaborado por el consultor Franz Chevarría Montesinos, como parte de un Convenio de Cooperación entre la Oficina de Cooperación Jurídica da la OEA y el Estado Peruano que permita la implementación de la Convención a través de la ejecución del Plan de Acción por parte de nuestro país. Cabe mencionar que esta coordinación se realiza con todos los Estados Partes de la Convención; y que el Perú tenía la obligación de consensuar el Plan con la ciudadanía y plantear un documento definitivo para su implementación; esto último tampoco se habría realizado.

Sin embargo, a raíz de las declaraciones brindadas la víspera por el Presidente del Consejo de Ministros y el Presidente del Poder Judicial – y de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción -, en el marco de la Conferencia Hemisférica Anticorrupción que la OEA realiza en nuestro país; el Grupo de Trabajo contra la Corrupción detectó que el referido Plan de Acción no habría sido tomado en cuenta por las autoridades encargadas de elaborar las políticas anticorrupción.

El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, mencionado por Velasquéz Quesquén como uno de los mayores logros del gobierno, no incorpora las acciones del Plan de Acción para las recomendaciones del MESICIC. Cabe mencionar, que el documento detalla acciones para temas como conflicto de intereses, contratación de funcionarios y licitaciones con el detalle de responsables públicos y privados así como los costos estimados de cada producto vinculado a las propuestas; detalle que no alcanza el Plan Nacional que desde diciembre de 2008 no es aprobado y no tiene, por tanto, carácter vinculante legalmente.

Por su parte, el Presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein señaló en la Conferencia Hemisférica que todo lo elaborado hasta el momento en materia anticorrupción había fracasado por falta de voluntad y calificó de “improvisadas” algunas medidas como la creación y desaparición de la Oficina Nacional Anticorrupción. El también presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción ni siquiera mencionó en su alocución al Plan de Acción elaborado por convenio con la OEA; lo que reflejaría que no se tiene conocimiento del documento.

Para el Grupo de Trabajo contra la Corrupción, la situación de la implementación de la Convención Interamericana y el presunto incumplimiento del Perú al compromiso de desarrollar un Plan de Acción, confirma lo planteado en un pronunciamiento del día anterior, con relación al exceso “gestos vacíos” pero la falta de compromiso real para combatir la corrupción de manera integral y efectiva; ni siquiera se estaría cumplimiento con los tratados de los que el Perú es parte.

Cabe mencionar que, con relación a los Planes de Acción, otros países de la región, como Uruguay desde el 2008, incluso los han asumido como su Plan Nacional Anticorrupción y constituyen su marco para avanzar efectivamente en la implementación de medidas concretas a corto, mediano y largo plazo.

Lima, 4 de junio de 2010

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