GRUPO DE TRABAJO CONTRA LA CORRUPCIÓN INFORMARÁ A LA OEA SOBRE RETROCESOS DE LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN EL PERÚ
Documento será entregado en Diálogo que sostendrán representantes de la Organización de Estados Americanos y organizaciones de sociedad civil
El Grupo de Trabajo contra la Corrupción (GTCC) hará llegar al Secretario General de la Organización de Estados Americanos y las delegaciones participantes de su XL Asamblea General sus preocupaciones con relación a los graves vacíos y retrocesos en la lucha contra la corrupción en el Perú.
En esta línea, en el marco del Diálogo de Jefes de Delegación con representantes de la sociedad civil, el G.T.C.C remitirá documentación que revela la inexistencia de continuidad en las políticas anticorrupción del gobierno, que se reflejan con el surgimiento de iniciativas y acciones esporádicas y sin ninguna vinculación entre ellas; así como el posible incumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y su Mecanismo de Seguimiento (MESICIC).
Entre otros casos planteados a la Secretaria General de la OEA, se halla la emisión de Decretos de Urgencia y Decretos Legislativos que han reducido y limitado el accionar de la Contraloría General de la República en el marco de “políticas de estimulo de la inversión privada” y la crisis internacional. Cabría recordar que más de un proceso de concesión y licitación realizado bajo estas normas especiales han sido seriamente cuestionados por presuntas irregularidades como son el caso Taboada y Paita.
Asimismo, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción, expresa sus cuestionamientos a la recientemente aprobada Ley de Protección al denunciante que no responde a los estándares internacionales sobre el tema. Se remarca que si bien la Convención Interamericana, y otros tratados de los que el Perú es parte, demandan una protección al denunciante en todos los ámbitos y de todos los tipos de amenazas; la norma peruana sólo se limita al ámbito administrativo, protege de represalias laborales y sólo garantiza el anonimato del denunciante; pretendiendo, además, utilizar la figura de la Colaboración Eficaz como una protección ya existente en el ámbito penal. Sin embargo, esta última figura aplica sólo para quienes han participado en los actos delictivos.
Con relación a este punto, se dará a conocer los casos de periodistas querellados como intento de amedrentamiento frente a sus investigaciones y denuncia de actos de corrupción en las más altas esferas gubernamentales. La utilización indebida de los procesos por difamación constituye una herramienta “para coacción a los periodistas”; en opinión del G.T.C.C “frente a esta situación el ciudadano de pie se ve imposibilitado para acceder a la información así como para denunciar actos de corrupción”.
Otro punto de preocupación, es la situación de la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que tiene restricciones en sectores sensibles como Defensa e Interior; adicionalmente, la entrega de información no es oportuna y existe aún dificultad para la accesibilidad a documentación técnica. Los representantes de la OEA recibirán la documentación de lo sucedido, por ejemplo, en el caso de la Modernización de la Refinería de Talara, donde Petroperú no ha entregado información solicitada debido a que delegó la decisión de aplicación de la norma a las empresas privadas.
Cabe mencionar que la OEA ha señalado su intención de aportar en la transparencia de los gastos militares en la región, debido a la convicción de que la información sobre uso de recursos del Estado debe estar a disposición de todos los ciudadanos. Asimismo, está pendiente la aprobación de una Ley Modelo sobre Transparencia y Acceso a la Información por parte del organismo regional.
Con la entrega de esta información, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción busca que la OEA tome conocimiento de esta situación y puedan hacer las correcciones y exigencias necesarias a los Estados para garantizar la implementación efectiva de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de políticas integrales y efectivas para combatir este flagelo y la impunidad en nuestros países.
Lima, 5 de junio del 2010
Con el ruego de su difusión