En declaraciones exclusivas para Corrupción en la Mira, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) habló de la transparencia en los gastos de defensa propuesta por el Estado peruano, el uso del “secreto militar” en los países de la región para limitar el acceso a información y de la obligatoriedad de implementar la recomendaciones del MESICIC.

Aunque el Secretario General de la OEA afirmó que los países ya no utilizan la figura del “secreto militar” y que han avanzado en la transparencia de sus gastos en Defensa – tal como planteó Perú y se aprobó en la Declaración de Lima en la reciente Asamblea General del organismo regional -, no pudo evitar la sorpresa al ser consultado sobre el caso peruano, donde se limita el acceso a información bajo el argumento de secreto de defensa. “No estaba enterado, habrá que estudiar cada caso”, respondió Insulza.

Por otro lado, recordó que la realización en Lima de la Conferencia Hemisférica Anticorrupción buscaba recoger e intercambiar información sobre la lucha anticorrupción en los países de la región y que en los próximos meses se verán los resultados.

Por su lado, recordó que el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción era vinculante y por lo tanto todos los países “están obligados a cumplir” sus recomendaciones. Cabe mencionar que el Perú habría incumplido la implementación del Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del MESICIC, el que pese a haber sido elaborado en el 2007 no ha sido tomado en cuenta para el Plan Nacional de Lucha contra la corrupción; a diferencia de otros países como Uruguay cuyo Plan Nacional es el Plan de Acción elaborado en colaboración con la OEA.

Finalmente, el Secretario General de la OEA indicó que la Ley Modelo de Transparencia y Acceso a la Información, pese a ser una buena norma es sólo una “sugerencia” para los Estados, pero no se les puede obligar a implementarla. La norma tendría como objetivo estandarizar el acceso a la información de los ciudadanos ya que existen países de América Latina que no cuentan con una norma que permita a sus pobladores exigir información sobre el manejo de los recursos del Estado.