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El Foro “Elecciones 2011: Propuestas de Lucha contra la Corrupción” será transmitido vía online por www.livestream.com/corrupcionenlamira

Además, candidatos al Congreso firmarán Compromiso Público Anticorrupción que contiene 13 acciones concretas exigidas desde la Sociedad Civil.

Este miércoles 16 de marzo, desde las 11 a.m., candidatos de los partidos que buscan acceder a la Presidencia de la República participarán en el Foro “Elecciones 2011: Propuestas de Lucha contra la Corrupción” que organizan el Grupo de Trabajo contra la Corrupción y el Colegio de Abogados de Lima.

El Foro tiene como objetivo que la ciudadanía conozca las propuestas concretas de políticas e iniciativas anticorrupción que los partidos políticos que aspiran llegar al poder implementarían de ganar las elecciones de abril próximo.

Asimismo, luego de la exposición de propuestas, los candidatos presidenciales junto con sus representantes de la listas congresales suscribirán el Compromiso Público de Iniciativas Anticorrupción que estipula alrededor de 13 medidas concretas a implementar de llegar a la Presidencia de la República o por parte de las futuras bancadas parlamentarias.

La temática del Foro – que se llevará a cabo en el Auditorio José León Barandiarán del CAL, ubicado en la Cdra. 2 de la Av. Santa Cruz, Miraflores -; estará dividida en dos ejes principales: i) Políticas de Lucha contra la Corrupción; y ii) Medidas inmediatas.

El primer eje está vinculado a las propuestas sobre Planes Estratégicos y el establecimiento de un Sistema Nacional Anticorrupción, autónomo y que permita construir políticas a mediano y largo plazo que respondan a todas las modalidades de la corrupción, desde la corrupción “cotidiana” hasta la denominada “corrupción legal”. Mientras que el segundo eje está referido a temas concretos como: Imprescriptibilidad de Delitos de Corrupción, Gestión de Intereses, Sistemas de Inversión y Contrataciones, Inmunidad Parlamentaria y Corrupción y Narcotráfico.

Cada candidato tendrá una primera exposición de 10 minutos, luego de los cuales habrá 5 minutos por agrupación política para complementar su participación o responder alusiones de sus contrincantes políticos.

Al finalizar el debate, se pasará a la ceremonia de suscripción del Pacto Público Anticorrupción.

Los candidatos que han confirmado su participación en el debate hasta el momento son: Manuel Rodríguez Cuadros (Fuerza Social); Ricardo Noriega (Despertar Nacional); Omar Chehade (Candidato a la Segunda Vicepresidencia – Gana Perú) y Martín Belaúnde (No. 1 de Lista Parlamentaria de Solidaridad Nacional).

Documento será entregado en Diálogo que sostendrán representantes de la Organización de Estados Americanos y organizaciones de sociedad civil

El Grupo de Trabajo contra la Corrupción (GTCC) hará llegar al Secretario General de la Organización de Estados Americanos y las delegaciones participantes de su XL Asamblea General sus preocupaciones con relación a los graves vacíos y retrocesos en la lucha contra la corrupción en el Perú.

En esta línea, en el marco del Diálogo de Jefes de Delegación con representantes de la sociedad civil, el G.T.C.C remitirá documentación que revela la inexistencia de continuidad en las políticas anticorrupción del gobierno, que se reflejan con el surgimiento de iniciativas y acciones esporádicas y sin ninguna vinculación entre ellas; así como el posible incumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y su Mecanismo de Seguimiento (MESICIC).

Entre otros casos planteados a la Secretaria General de la OEA, se halla la emisión de Decretos de Urgencia y Decretos Legislativos que han reducido y limitado el accionar de la Contraloría General de la República en el marco de “políticas de estimulo de la inversión privada” y la crisis internacional. Cabría recordar que más de un proceso de concesión y licitación realizado bajo estas normas especiales han sido seriamente cuestionados por presuntas irregularidades como son el caso Taboada y Paita.

Asimismo, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción, expresa sus cuestionamientos a la recientemente aprobada Ley de Protección al denunciante que no responde a los estándares internacionales sobre el tema. Se remarca que si bien la Convención Interamericana, y otros tratados de los que el Perú es parte, demandan una protección al denunciante en todos los ámbitos y de todos los tipos de amenazas; la norma peruana sólo se limita al ámbito administrativo, protege de represalias laborales y sólo garantiza el anonimato del denunciante; pretendiendo, además, utilizar la figura de la Colaboración Eficaz como una protección ya existente en el ámbito penal. Sin embargo, esta última figura aplica sólo para quienes han participado en los actos delictivos.

Con relación a este punto, se dará a conocer los casos de periodistas querellados como intento de amedrentamiento frente a sus investigaciones y denuncia de actos de corrupción en las más altas esferas gubernamentales. La utilización indebida de los procesos por difamación constituye una herramienta “para coacción a los periodistas”; en opinión del G.T.C.C “frente a esta situación el ciudadano de pie se ve imposibilitado para acceder a la información así como para denunciar actos de corrupción”.

Otro punto de preocupación, es la situación de la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que tiene restricciones en sectores sensibles como Defensa e Interior; adicionalmente, la entrega de información no es oportuna y existe aún dificultad para la accesibilidad a documentación técnica. Los representantes de la OEA recibirán la documentación de lo sucedido, por ejemplo, en el caso de la Modernización de la Refinería de Talara, donde Petroperú no ha entregado información solicitada debido a que delegó la decisión de aplicación de la norma a las empresas privadas.

Cabe mencionar que la OEA ha señalado su intención de aportar en la transparencia de los gastos militares en la región, debido a la convicción de que la información sobre uso de recursos del Estado debe estar a disposición de todos los ciudadanos. Asimismo, está pendiente la aprobación de una Ley Modelo sobre Transparencia y Acceso a la Información por parte del organismo regional.

Con la entrega de esta información, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción busca que la OEA tome conocimiento de esta situación y puedan hacer las correcciones y exigencias necesarias a los Estados para garantizar la implementación efectiva de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de políticas integrales y efectivas para combatir este flagelo y la impunidad en nuestros países.

Lima, 5 de junio del 2010

Con el ruego de su difusión

Grupo de Trabajo contra la Corrupción detectó que documento elaborado para el Perú, con apoyo de la OEA; ni siquiera habría sido tomado en cuenta para Plan Nacional Anticorrupción.

El anteproyecto de “Plan de Acción para la Implementación de las Recomendaciones del Comité de Expertos del Mecanismos de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción” fue entregado en octubre de 2007 pero sus medidas no han sido tomadas en cuenta en Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción del gobierno.

El documento fue elaborado por el consultor Franz Chevarría Montesinos, como parte de un Convenio de Cooperación entre la Oficina de Cooperación Jurídica da la OEA y el Estado Peruano que permita la implementación de la Convención a través de la ejecución del Plan de Acción por parte de nuestro país. Cabe mencionar que esta coordinación se realiza con todos los Estados Partes de la Convención; y que el Perú tenía la obligación de consensuar el Plan con la ciudadanía y plantear un documento definitivo para su implementación; esto último tampoco se habría realizado.

Sin embargo, a raíz de las declaraciones brindadas la víspera por el Presidente del Consejo de Ministros y el Presidente del Poder Judicial – y de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción -, en el marco de la Conferencia Hemisférica Anticorrupción que la OEA realiza en nuestro país; el Grupo de Trabajo contra la Corrupción detectó que el referido Plan de Acción no habría sido tomado en cuenta por las autoridades encargadas de elaborar las políticas anticorrupción.

El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, mencionado por Velasquéz Quesquén como uno de los mayores logros del gobierno, no incorpora las acciones del Plan de Acción para las recomendaciones del MESICIC. Cabe mencionar, que el documento detalla acciones para temas como conflicto de intereses, contratación de funcionarios y licitaciones con el detalle de responsables públicos y privados así como los costos estimados de cada producto vinculado a las propuestas; detalle que no alcanza el Plan Nacional que desde diciembre de 2008 no es aprobado y no tiene, por tanto, carácter vinculante legalmente.

Por su parte, el Presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein señaló en la Conferencia Hemisférica que todo lo elaborado hasta el momento en materia anticorrupción había fracasado por falta de voluntad y calificó de “improvisadas” algunas medidas como la creación y desaparición de la Oficina Nacional Anticorrupción. El también presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción ni siquiera mencionó en su alocución al Plan de Acción elaborado por convenio con la OEA; lo que reflejaría que no se tiene conocimiento del documento.

Para el Grupo de Trabajo contra la Corrupción, la situación de la implementación de la Convención Interamericana y el presunto incumplimiento del Perú al compromiso de desarrollar un Plan de Acción, confirma lo planteado en un pronunciamiento del día anterior, con relación al exceso “gestos vacíos” pero la falta de compromiso real para combatir la corrupción de manera integral y efectiva; ni siquiera se estaría cumplimiento con los tratados de los que el Perú es parte.

Cabe mencionar que, con relación a los Planes de Acción, otros países de la región, como Uruguay desde el 2008, incluso los han asumido como su Plan Nacional Anticorrupción y constituyen su marco para avanzar efectivamente en la implementación de medidas concretas a corto, mediano y largo plazo.

Lima, 4 de junio de 2010
Con el ruego de su difusión y cobertura,

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